Número – 1086
- Busca generar seguridad jurídica, modernización y transparencia en los contratos que celebren el Estado y los particulares: Yunes Márquez.
Las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, que presiden Miguel Ángel Yunes Márquez y Simey Olvera Bautista, aprobaron con 17 votos a favor y cinco en contra, el dictamen a la minuta que envió la Cámara de Diputados para expedir una nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
El documento también plantea reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Federal de Austeridad Republicana; de la Ley de la Economía Social y Solidaria; y de la Ley General de Sociedades Cooperativas, con el objeto de armonizarlas con el nuevo ordenamiento.
Yunes Márquez explicó que la finalidad de expedir una nueva Ley de Adquisiciones es generar seguridad jurídica, modernización, transparencia y una mejor rendición de cuentas en los contratos que celebren el Estado y los particulares.
“La finalidad es actualizar el sistema de contrataciones públicas para dar cumplimiento a la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”, que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresó.
Dijo que con el dictamen se buscan mejores condiciones de contratación para el Estado, de tal forma que se realicen bajo una adecuada administración de recursos económicos y de combate a la corrupción en las contrataciones de los tres poderes de la unión.
El legislador explicó que el ordenamiento incluye el desarrollo de figuras como el de compras consolidadas, los acuerdos marco, la Tienda Digital, la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, los diálogos competitivos, la oferta subsecuente, la adjudicación directa con estrategia de negociación, la creación del Comité de Contrataciones Estratégicas, y las condiciones para la incorporación de sociedades cooperativas, micro, pequeñas y medianas empresas, así como de grupos de atención prioritaria.
También, precisó, se considera la actualización de los mecanismos alternativos de solución de controversias, sanciones y facultades de vigilancia de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y la dotación de nuevas y mejores funciones a la figura de los testigos sociales.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Simey Olvera Bautista, manifestó que con las reformas se busca renovar el marco normativo de las contrataciones públicas para la adquisición de productos, arrendamientos y prestación de servicios que requiere la administración pública federal para operar.
Esta propuesta, apuntó, busca modernizar y digitalizar en mayor medida estos procedimientos para que sean más abiertos, transparentes, eficaces y eviten en lo posible hechos de corrupción para impulsar instituciones más sólidas y confiables.
De Morena, Emmanuel Reyes Carmona dijo que este dictamen responde a una necesidad urgente para modernizar, transparentar y hacer más eficientes los procesos mediante los cuales el Estado mexicano contrata bienes y servicios, “sobre todo en un país donde la corrupción ha erosionado la confianza ciudadana”.
Por el PAN, Imelda Sanmiguel Sánchez señaló que la modificación no tiene reglas de transparencia ni de control, sino que, por el contrario, busca esconder los casos de corrupción, pues abre la puerta para que se lleve a cabo con mayor facilidad e impunidad; “están montando un sistema de compras exprés, sin candados, vigilancia ni testigos, una auténtica cueva de ladrones”.
Cristina Ruíz Sandoval, del PRI, advirtió que con esta reforma el gobierno podrá decidir qué, cómo, cuándo, a quién y por cuánto se hacen las compras del gobierno, sin reglas claras, auditorías externas ni competencia real. “Esto no es modernización, es centralización, concentración y control político con un disfraz digital”, añadió.
Del PVEM, Waldo Fernández González aseguró que la reforma ayudará a mejorar las condiciones de compra del gobierno y a abrir las puertas a una pluralidad de actores, desde las Mipymes hasta las cooperativas. La modificación “tiene una profundidad de justicia social para las personas que quieren contratar con el gobierno”, enfatizó.
