Número – 1464
- Los ordenamientos consolidan un nuevo paradigma en materia de seguridad pública, asegura Lucía Trasviña Waldenrath.
En la sesión extraordinaria de este martes, el Senado de la República inició la discusión de los dictámenes que buscan atender de manera estructural los fenómenos delictivos y la violencia, mediante una perspectiva integral, centrada en los derechos humanos, la legalidad, la coordinación institucional y la eficacia operativa.
Los proyectos buscan expedir la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, en Materia de Seguridad Pública.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece la operación de estrategias conjuntas entre todas las instituciones de seguridad pública, a fin de que compartan y actualicen de manera diaria la información que generan, así como posibilitar su interconexión con el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.
Entre los puntos relevantes del dictamen, está la creación del Sistema Nacional de Información, que se integrará, al menos, por: el Registro Nacional de Armamentos y Equipo, Registro Nacional de Detenciones, Registro Nacional de Incidencia Delictiva, Registro Nacional de Información Penitenciaria y Registro Nacional de Mandamientos Judiciales.
También por el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección de las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños; Registro Nacional de Vehículos Robados y Recuperados; Registro Nacional de Eficiencia Ministerial; y el Registro Nacional de Medidas Cautelares, Soluciones Alternas.
Además, con esta ley se regulan los centros de comando y control en los tres órdenes de gobierno, encargados de las labores de recepción de reportes de emergencia y denuncias anónimas.
También se optimiza el funcionamiento del Gabinete Federal, del Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Secretariado Ejecutivo, al establecer la coordinación absoluta del Gabinete de Seguridad con entidades federativas y, en ese sentido, se crea un modelo de coordinación total en materia de seguridad pública de los gobiernos estatales, municipales y la Ciudad de México.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública contará con diversas instancias de coordinación que permiten su funcionamiento: el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Gabinete Federal de Seguridad, las cuatro Conferencias Nacionales, el Secretariado Ejecutivo del Sistema y otros órganos auxiliares, como las mesas de paz y los consejos locales de seguridad.
Dichas instancias serán encargadas de la toma de decisiones estratégicas, llevar a cabo una evaluación permanente de los resultados, el establecimiento de nuevas políticas comunes y la articulación de esfuerzos entre la Federación y los gobiernos locales.
Asimismo, se reconoce expresamente a la Guardia Nacional como integrante del sistema, estableciendo su participación en la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública y en los Consejos Locales.
Se reconoce la atribución de las entidades federativas de formular sus propias estrategias de seguridad, en concordancia con la estrategia nacional, así como coordinar mesas de paz, informar a la población, establecer programas de prevención, profesionalizar a sus cuerpos de seguridad y garantizar el derecho a la seguridad en su territorio.
El proyecto otorga a los municipios atribuciones claras y viables en las mesas de paz, el desarrollo y profesionalización de sus cuerpos policiales, cuando cuenten con ellos, y la coordinación con los gobiernos estatales en caso de no contar con una policía municipal, así como impulsar mecanismos de justicia cívica como una herramienta de proximidad y prevención de conflictos sociales, promoviendo un enfoque restaurativo comunitario.
En tanto, en la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, en Materia de Seguridad Pública, se precisan los fines y la integración, el funcionamiento y la operación del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.
Así como los mecanismos de coordinación y colaboración entre las instituciones, autoridades y los entes que lo integran, a efecto de eficientar los trabajos para prevenir, investigar y perseguir los delitos, las causas que los generan y lograr la paz social.
Crea la Plataforma Central de Inteligencia bajo responsabilidad del Centro Nacional de Inteligencia, la cual interconectará bases de datos de todas las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia del país.
Además, se instala el Consejo Nacional de Inteligencia de Seguridad Pública como órgano superior de deliberación y coordinación estratégica; y se establecen estándares obligatorios de certificación, evaluación y profesionalización para todo servidor público que maneje información de inteligencia.
Con la implementación del Sistema Nacional de Inteligencia se permitirá integrar la información generada por las fuerzas armadas, incluso de la Guardia Nacional, de las fiscalías, las policías estatales, las unidades de Inteligencia financiera, las autoridades aduaneras y otros actores relevantes.
Se posibilita y coordina por parte de la SSPC, el suministro de información generada mediante sistemas de inteligencia de las diversas instituciones de seguridad, algunas gubernamentales y, mediante determinados mecanismos, de entes privados.
También se instituye la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que coordinará la integración de bases de datos, plataformas tecnológicas y análisis criminal, en colaboración con el Ministerio Público y otros entes nacionales e internacionales.
Al presentar el dictamen a la minuta, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Lucía Trasviña Waldenrath, afirmó que estas leyes marcarán un antes y un después sobre cómo el Estado enfrenta el desafío de la seguridad pública. “Se trata de instrumentos que proyectan el rumbo estratégico que nuestro país necesita para consolidar la paz, la justicia y recuperar la confianza del pueblo en sus instituciones; un nuevo paradigma de seguridad pública”, dijo.
“Por décadas, México sufrió las consecuencias de una estrategia centrada en el uso excesivo de la fuerza y en estructuras fragmentadas de coordinación. Hoy estamos consolidando un nuevo modelo centrado en inteligencia, profesionalización y cooperación”, añadió.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, indicó que estas leyes obedecen a una evolución de Estado mexicano para al tratamiento de los delitos y la seguridad pública.
Consideró que “estamos ante un hito de la evolución de la procuración de justicia y la prevención e investigación del delito, por lo que las y los invito a que votemos en favor de estos dictámenes que son por la paz y la seguridad de las y los mexicanos”.
