La Secretaría de Energía reconoce y celebra la labor del Congreso de la Unión, al aprobar las leyes secundarias en materia energética que complementan las reformas constitucionales en áreas y sectores estratégicos y simplificación orgánica, con las cuales el Gobierno de México busca consolidar la soberanía energética.

Este paquete de reformas son la base que faltaba para garantizar un sector energético fuerte, confiable y sustentable, teniendo como eje rector la soberanía nacional y la justicia energética en beneficio del pueblo de México y de todos los sectores productivos, ya que fueron diseñadas bajo la convicción de que la energía es un insumo estratégico para el bienestar de la gente y el desarrollo del país, y no una simple mercancía.

Con estas modificaciones, el país podrá contar nuevamente con instrumentos vinculantes, de mediano y de largo plazo, para coordinar, impulsar y regular el desarrollo del sector y la transición energética.

La aprobación de estas leyes devuelve al pueblo de México sus empresas públicas: Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) y queda establecido que estas dos empresas nunca podrán ser consideradas monopólicas, ya que cumplen la función social de proveer servicios públicos estratégicos para toda la población y todos los sectores.

Asimismo, establece que su esencia radica en cumplir con su responsabilidad social, al tiempo que debe garantizar la eficiencia, calidad, continuidad, accesibilidad, seguridad, confiabilidad y sostenibilidad tanto del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), como de la provisión de hidrocarburos y de gas natural.

Además, la nueva legislación reconoce por primera vez el concepto de justicia energética; es decir, acciones encaminadas a reducir la pobreza energética, las desigualdades sociales y de género en el uso de la energía y establece recursos para realizarlas.

En materia eléctrica se garantiza la prevalencia de la CFE, manteniendo al menos el 54% de la energía inyectada a la red. Lo anterior permitirá asegurar el suministro este servicio básico desde una perspectiva de derechos, evitando el lucro, además de no incrementar las tarifas por encima de la inflación.

En materia de hidrocarburos se fortalece a PEMEX, otorgándole preferencia en la determinación de las áreas de exploración y extracción, así como la posibilidad de complementar sus capacidades con la participación de privados. También, se simplifica su régimen fiscal y se simplifica el pago de derechos al unificarlos en uno solo, el Derecho Petrolero para el Bienestar.

Se impulsa una estrategia de trazabilidad de los combustibles, mediante la obligatoriedad de la entrega de información por personas permisionarias participantes en las diferentes actividades de la cadena de distribución, que abarca desde la importación de los combustibles hasta su distribución en gasolineras.

Estas iniciativas se complementan con la creación de la Comisión Nacional de Energía (CNE) para facilitar la operación del sector y establecer reglas claras y nuevos mecanismos de participación para la iniciativa privada. La fusión de las Comisiones previas en una nueva redistribuye las atribuciones entre la CNE y la Secretaría de Energía, y fortalece a esta última como la institución responsable de la planeación, regulación, supervisión y conducción de la política energética de México.