Comunicado No. 130/2024.
Ciudad de México, 22 de noviembre de 2024.
• Participó como moderadora en la conferencia del jurista italiano Luigi Ferrajoli, durante el Encuentro Jurídico Universitario.
• El poder no tolera el control jurisdiccional, señala Luigi Ferrajoli.
La función jurisdiccional es una tarea de las personas juzgadoras, quienes la ejercen con autonomía e independencia, y no con base en el color de un partido político, ni en los compromisos que se pueden generar a través de una elección popular, afirmó la magistrada Lilia Mónica López Benítez, consejera de la Judicatura Federal.
Al participar como moderadora en la conferencia impartida por el jurista italiano Luigi Ferrajoli, en el marco del Encuentro Jurídico Universitario, subrayó que la independencia judicial es la garantía para las personas que acuden a un órgano jurisdiccional, de que obtendrán una resolución a través de los medios legales, jurisdiccionales, constitucionales y convencionales vigentes.
La magistrada López Benítez coincidió con Luigi Ferrajoli en que la elección popular de personas juzgadoras representa un peligro para la imparcialidad, pues advirtió que la protección de los derechos fundamentales no se hace a través de promesas de campaña. Sostuvo además que dicha elección puede generar corrupción, y la justicia se puede volver clasista, porque la gente con poder económico tiene la posibilidad de arreglar sus asuntos de una manera diferente.
Por su parte, Luigi Ferrajoli, al dictar la conferencia “Una reforma contraria al principio del Estado de Derecho”, señaló que la reciente reforma judicial equivale a la supresión de la separación de los poderes, que es uno de los elementos fundamentales del Estado de Derecho, el cual se garantiza con la independencia de los jueces.
Al referirse al origen de la reforma, expresó su deseo de que sea producto de un analfabetismo institucional y no de la voluntad explícita de una involución autoritaria que tenga como efecto la neutralización de la jurisdicción.
Recordó que la fuente de legitimación de una sentencia es la verdad procesal y que el juez actúa con base en principios de imparcialidad y autonomía, por lo que en sus decisiones no puede aceptarse ningún condicionamiento externo de carácter político, de electores, ni de la prensa.
Dijo que es necesario reflexionar sobre la intolerancia del poder político hacia los jueces, pues no se tolera el control jurisdiccional; asimismo, expresó que esta situación no se presenta solo en México, sino también en otras partes del mundo como Israel, Italia o Estados Unidos. Frente a ello, remarcó que los derechos fundamentales solo pueden ser garantizados con una judicatura independiente.
—0000—
