Nota No. 2251
Necesarios, protocolos de seguridad documental y digital en la transferencia de información al nuevo órgano “Transparencia para el Pueblo”: Laura Ballesteros
• La diputada de MC presentará una iniciativa de reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; se garantizaría conservación, integridad y acceso público a los archivos generados por el Inai
Palacio Legislativo de San Lázaro, 09-07-2025.- La diputada Laura Ballesteros Mancilla (MC) señaló que en la transferencia de información del Inai al nuevo organismo público desconcentrado denominado “Transparencia para el Pueblo”, que es parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, es necesario crear protocolos de seguridad documental y digital que garanticen la conservación, integridad y acceso público a archivos generados por el instituto.
Por lo anterior, en conferencia de prensa en el Senado de la República, en el marco de la Comisión Permanente, informó que presentará una iniciativa que reforma la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin de que “se establezcan protocolos claros, se tengan mecanismos legales, técnicos y un programa de respaldo y migración digital segura”.
Recordó que el año pasado el Congreso de la Unión aprobó una reforma que extinguió organismos autónomos, incluido el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), lo que representó “un golpe directo al artículo sexto constitucional”.
“Lo que nos dicen de este nuevo organismo es que va a preservar la información, pero carece de autonomía y el gobierno nunca puede ni debe ser juez y parte para ninguna de sus funciones.
“La problemática evidentemente está en el riesgo de la pérdida documental porque no existen protocolos claros para la conservación, integridad y acceso a los archivos generados por el INAI”, indicó.
Además, dijo, hay una posible eliminación de plataformas, porque nada garantiza que no desaparezca de la infraestructura digital del Inai, “lo cual representaría una grave regresión institucional”.
De igual forma, hay un impacto directo en la rendición de cuentas y transparencia del Gobierno Federal hacia sus ciudadanos, lo que afecta los derechos en materia de acceso a la información y a la no corrupción, afirmó.
Para que esto suceda, explicó, se propone la creación de un comité ciudadano responsable de vigilar el tratamiento de la información y su preservación en la citada transferencia.
“Sería creado a través del protocolo que estamos pidiéndole al Gobierno Federal que genere por medio de su nuevo organismo, y que cada año sea aprobado por la Cámara de Diputados.
“Nadie va a salir más perjudicado del toqueteo de los documentos públicos de nuestro país, de nuestro acervo cultural en materia de documentación anticorrupción, que los ciudadanos de a pie, que no van a tener la posibilidad de defenderse ante los abusos de gobierno y sus prácticas de corrupción”, enfatizó.
La diputada expresó que su partido respalda a todas las organizaciones de la sociedad civil que, desde hace meses, han defendido el derecho a la transparencia y el acceso a la información de todas y todos los mexicanos.
Por otra parte, Ballesteros Mancilla manifestó la preocupación de MC porque “sesiones extraordinarias por parte del partido Morena están para servir los intereses de los super poderosos del régimen y de los mil millonarios del régimen. De otra manera no nos explicaríamos por qué cuando al Ejército le entran las prisas y quiere aprobar sus reformas o sus salidas a misiones la sesión permanente y la extraordinaria sesionan al tronido de sus dedos.
“El otro día escuchábamos una observación que hacía un integrante del partido oficialista, que presumía que la presidenta de la República era la legisladora más eficiente de los 628 legisladores que tiene el Congreso de la Unión. Yo más bien lo cambiaría. El Ejército mexicano está resultando ser el legislador más eficiente de esta Legislatura al sacar todas y cada una de las reformas que ha planteado y además con una mayoría que ni siquiera permite el cambio de una coma a la discusión pública.
“Pero si se trata de disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas para proteger los derechos de los ciudadanos de a pie eso no sucede. Pero sí urge que el presidente del Senado de la República, Fernández Noroña, publique esta reforma para los salarios dignos de maestros y de maestras de policías en nuestro país, no lo hace. Ya lo aprobó la Cámara de Diputados, ya lo aprobó la Cámara de Senadores, ya lo aprobaron los congresos estatales y sigue sin publicarla en detrimento a la población. Esos son los derechos de los ciudadanos de a pie que no se están protegiendo ni representando en esta Cámara”.
Interrogada sobre la iniciativa de la presidenta para la creación de la ley general contra la extorsión, Ballesteros Mancilla afirmó que da “la impresión de que a través de una propuesta como ésta se fortalece la seguridad civil en nuestro país. Movimiento Ciudadano ha sido muy claro de la forma en la que tendríamos que garantizar la seguridad pública en todo el territorio nacional y tiene que ver por una apuesta por la seguridad civil, las policías locales, la reforma de los ministerios públicos, la reforma de las fiscalías, que además ha sido propuesta de Movimiento Ciudadano de muchos años atrás, desde la legislatura pasada.
“Nos preocupa mucho la perpetuidad de la militarización de la seguridad pública, como lo están haciendo en últimas semanas el régimen, y por eso mismo cualquier reforma o iniciativa que permite el fortalecimiento del Estado civil mexicano para la procuración de la seguridad siempre va a ser bien recibida por Movimiento Ciudadano”.
Agregó que “esta iniciativa atiende directamente a los ciudadanos de a pie. Entonces, creemos que tiene pies y cabeza, queremos ver cómo va a funcionar. Hoy por hoy el gobierno tiene todas las herramientas, sin pretextos, para darle resultados a los mexicanos en materia de seguridad y nosotros vamos a estar muy vigilantes”.
Cuestionada sobre la gentrificación, Ballesteros Mancilla aseguró que “independientemente de que la materia es regulatoria a nivel local, sí hay una responsabilidad grande a nivel federal para conducir la política urbana de nuestras zonas metropolitanas, y la Sedatu es la dependencia encargada de esto, que no ha cumplido con esta encomienda desde que se creó, por eso hasta pudiera parecer o pasar por desapercibida la responsabilidad que tiene.
“Las 74 zonas metropolitanas de nuestro país tienen bajo su cuidado a la Sedatu, que tendría que estar impulsando la política urbana de espacio público e incluso también de transporte público para el país”.
Insistió en que “hay una política de ciudad fallida en la Ciudad de México y en las ciudades mexicanas. Este modelo que nos quisieron enjaretar, en donde los desarrolladores urbanos decidían a través de su dinero dónde construían y dónde no construían y qué tipo de vivienda construían, está completamente agotado. No es normal y no podemos normalizar que a la gente se le expulse de vivir en sus barrios de toda la vida y en sus colonias para mandarlos a las periferias en zonas que no están conectadas con transporte público ni con ningún tipo de servicio urbano, mientras que esa zona se gentrificó para darle cabida a departamentos o casas de personas que solamente teniendo ingresos de muchos ceros pueden pagar. La ciudad va a seguir siendo una para quienes tengan dinero para pagarla y no para las personas, como la Constitución lo establece”.
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