Nota No. 1190
Se reúne Alma Rosa de la Vega con activistas; le plantean iniciativa en materia de estrategia de cuidados alternativos a nivel nacional o de adopción
• La diputada de Morena se compromete a impulsar las propuestas que buscan modificar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y la Ley General de la Niñas, Niños y Adolescentes
Palacio Legislativo, 06-12-2024 (Notilegis).- La diputada Alma Rosa de la Vega Vargas (Morena) se reunió con la presidenta de Sin Cera Ser A.C, Sandra Gabriela Perusquia, la activista Ana María González Mendoza y Marisela Reyes Salazar, representante de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, quienes le plantearon una iniciativa en materia de estrategia de cuidados alternativos a nivel nacional o de adopción.
La diputada se comprometió con las activistas para impulsar las propuestas que buscan modificar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y la Ley General de la Niñas, Niños y Adolescentes en materia de adopción, y consideró que todos los grupos parlamentarios están en pro de ese apoyo a la niñez y a las adolescencias.
Las activistas le propusieron a la diputada De la Vega Vargas modificar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que, a pesar de estar a la vanguardia, dejó fuera a la niñez sin cuidados familiares, así como la modificación a la Ley General de la Niñas, Niños y Adolescentes en materia de cuidados alternativos.
Explicaron que las propuestas están basadas en siete ejes: un marco normativo e institucional, inspecciones y mecanismos efectivos de denuncia, transparencia, estándares profesionales, familias y comunidad, atención de calidad en el cuidado residencial y los lineamientos de estrategia de cuidados alternativos a nivel nacional.
A 10 años de la promulgación de la Ley General de la Niñas, Niños y Adolescentes, la presidenta de Sin Cera Ser A.C, Sandra Gabriela Perusquia Carreras, puso sobre la mesa un tema que no se ha logrado establecer en dicha ley: la definición de los cuidados alternativos completos para la niñez y la adolescencia, que van desde el acogimiento residencial o institucionalización, como las casas hogar y centros de asistencia social, a la adopción, que es el derecho máximo a la restitución a la vida en familia.
El programa de acogimiento familiar, subrayó, se llega a confundir con la adopción, ya que el primero es aquel que se da por un periodo de tiempo que debiera ser corto.
“En estos grandes temas hemos ido a la deriva o lo hemos tratado como un tema no atendido con una mirada completa y se ha minimizado el proceso de fortalecimiento familiar para las reintegraciones a la familia de origen de las niñas niños y adolescentes”, señaló.
Explicó que desinstitucionalizar para el acogimiento residencial es entendido como el cierre de los espacios de acogimiento residencial, lo cual es lo más lejano a una desinstitucionalización, pues “ningún país ha logrado una desinstitucionalización al 100 por ciento, por lo menos entienden que hay situaciones y circunstancias que ponen en riesgo la vida y la integridad de un niño, niña o adolescente que requieren del cuidado del Estado por un corto tiempo.
“Esto queda muy confuso cuando se tiene que hablar de desinstitucionalización desde este precepto de fortalecimiento familiar para evitar la institucionalización o lograr reintegraciones de origen exitosas y sólidas evitando patrones de crianza que llevan a esta necesidad de separarse”, aseguró.
Aseveró que el acogimiento familiar y residencial también tiene huecos por el concepto equivocado en cuanto a lo que debe ser en las prácticas estatales, ya que hay Estados que van un poco más avanzados y otros que no tanto, además de que se requieren padres adoptivos altamente preparados para el enfoque en trauma, pues no es lo mismo la crianza y la parentalidad biológica, que la que se da con enfoque en trauma.
Por su parte, la activista Ana María González Mendoza dijo que buscan generar una política mucho más amplia y que se homologue en los 32 estados de la República para identificar porqué se separan a niñas, niños y adolescentes de sus familias de origen, ya que los Centros de Asistencia Social (CAS) tienen su límite de tiempo, a fin de que se garanticen sus derechos, sin importar la transición de administraciones de gobierno, porque en ocasiones se han regresado a niños del acogimiento a la institucionalización en ese cambio.
Señaló que en algunos centros de acogimiento residencial se piensa que tener a las niñas, niños y adolescentes en esa burbuja donde hay alimentación, techo y vestido los aleja del entorno que los obligó a estar ahí es lo mejor; sin embargo, apuntó que a veces no los dejan ni salir a la escuela hasta los 18 años.
“Y su regalo de cumpleaños a esa edad es decirles ‘gracias, hasta aquí se acabó el cuidado que te brindamos porque la ley así lo marca’, y su regalo de cumpleaños es la calle, porque no se le brindaron herramientas para la vida independiente, nada”, aseguró.
Refirió que de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México había 64 mil niñas, niños y adolescentes sin cuidados familiares, y según la consulta del Instituto de 2021, niñas, niños y adolescentes de tres a 17 años respondieron que vivían en centros de asistencia social fueron cerca de 29 mil.
“Los números no nos cuadran, porque no hay un registro, porque puede ser que a los niños que se les dicta una medida de protección sí están en un registro, pero los demás que llegan y que se entregan a una familia de acogimiento dónde están, porque a veces ni si quiera hay un oficio que diga que la autoridad los entregó a una familia ni expedientes, porque son escasos”, argumentó.
Por lo anterior, la activista consideró que se tiene que revisar las atribuciones que se le dieron en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes a las procuradurías de protección y al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), ya que “hoy en día están rebasadas, pues una sola persona hace todos los trámites jurídicos para varios casos de niños en adopción, por lo que necesitan el recurso humano para dar seguimiento a cada caso y que no se demoren”.
EGV
