Número – 924
- Es una alternativa para reducir la burocracia, fortalecer la transparencia y disminuir la corrupción, destacan senadores.
El Pleno del Senado de la República aprobó las reformas constitucionales que tienen el objetivo de simplificar los procesos administrativos, homologar trámites, requisitos, tiempos de resolución y procesos de atención, así como la carga regulatoria en la administración pública de todos los órdenes de gobierno.
El dictamen, que está encaminado a digitalizar los trámites como una alternativa viable para reducir la burocracia, fortalecer la transparencia y, por ende, disminuir la corrupción, fue aprobado en lo general en lo general con 108 votos.
La propuesta que plantea reformar los artículos 25 y 73 de la Carta Magna también fue aprobada en lo particular con 106 votos a favor y tres en contra, con lo que reunió la mayoría constitucional requerida y fue enviada a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
El proyecto establece que todos los órdenes de gobierno deberán implementar políticas públicas de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias, desarrollo y fortalecimiento de capacidades tecnológicas públicas y los demás objetivos que establezca la ley nacional en la materia.
Además, se faculta al Congreso de la Unión para que pueda expedir la ley nacional que establezca los principios y obligaciones a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en materia de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias, desarrollo y fortalecimiento de capacidades tecnológicas públicas.
Lo anterior, debido a que la complejidad del marco normativo y administrativo en México ha representado históricamente un obstáculo para el desarrollo económico, la competitividad y el bienestar de los ciudadanos.
De tal forma que, al establecer un marco constitucional que modernice el aparato gubernamental, se busca resolver problemáticas estructurales en la gestión pública para agilizar los procesos y procedimientos administrativos y mejorar la confianza ciudadana en las instituciones.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina dijo que el dictamen impulsa una administración moderna, eficiente, de vanguardia y muy cercana al pueblo, ya que promueve un cambio estructural para que todo trámite administrativo se realice con rapidez y sin actos de corrupción.
A nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Nora Ruvalcaba Gámez expresó que la reforma busca consolidar un Estado moderno que esté al servicio de la nación, ya que actualmente 75 por ciento de los trámites en la administración pública se hacen de manera presencial, lo que limita la accesibilidad y rapidez de la atención. Por lo que, al impulsar una mayor digitalización, se garantizaría un gobierno ágil, transparente y accesible.
La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Simey Olvera Bautista aseguró que el proyecto no sólo representa un ajuste legal, sino que promueve un acto de transformación profunda, pues hace de los servicios una revolución digital con sentido social, ya que garantiza que el Estado evolucione en materia de simplificación administrativa, digitalización de trámites, servicios y buenas prácticas regulatorias.
Por Morena, el senador Alejandro Murat Hinojosa sostuvo que la digitalización es una necesidad urgente para garantizar un gobierno ágil, transparente, accesible y beneficioso, pues, destacó, a lo largo de la historia de México, su burocracia excesiva ha sido obstáculo y lastre para el crecimiento económico del país.
Del PAN, Verónica Rodríguez Hernández apoyó la propuesta de hacer más eficiente al gobierno, reducir su burocracia y volver accesibles los trámites, pero señaló que la actual administración tiene un historial “preocupante” en materia de transparencia y rendición de cuentas, por lo que exigió medidas que eviten que la digitalización se vuelva un “instrumento de control”.
Rolando Rodrigo Zapata Bello, del PRI, respaldó esta reforma al considerar que “la burocracia del siglo XX no puede seguir frenando a los ciudadanos del siglo XXI”; sin embargo, propuso que se contemplen mecanismos de auditoría por parte de terceros no involucrados, para garantizar transparencia y la rendición de cuentas en los servicios digitales gubernamentales.
La senadora Karen Castrejón Trujillo, del PVEM, mencionó que la reforma generará un efecto virtuoso en el Estado mexicano, porque se trata de simplificar y digitalizar trámites, así las personas podrán acceder con mayor facilidad a los miles de servicios que todos los días solicitan a instituciones gubernamentales. “Ahora habrá reglas claras, además contribuirá a combatir la corrupción”, agregó.
Por el PT, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre estimó que esta reforma responde a un reclamo permanente: la burocracia en los trámites gubernamentales. “La burocracia es percibida como un obstáculo, como sinónimo de corrupción, un laberinto de trámites obsoletos. La opacidad de los procesos administrativos facilita la discrecionalidad, lo que deriva en sobornos y privilegios indebidos”, comentó.
Su compañero de bancada, Alejandro González Yáñez, manifestó que la propuesta impulsa un proyecto que busca construir un gobierno digital que inhiba la burocratización y la corrupción. Se trata de revindicar “la vocación del servidor público”, subrayó.
Clemente Castañeda Hoeflich, de MC, señaló que falta mucho para un gobierno abierto y al alcance de todos. “En 2023, solo 16 por ciento de trámites gubernamentales se hicieron por medio de internet, en contraste con 82 por ciento de personas que desistió de hacerlos. Celebramos la reforma, aunque nos preocupa la incapacidad presupuestal en los entes públicos para adecuarse al proceso”, dijo.
Posteriormente, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de movimiento Ciudadano presentó una modificación al proyecto, pero la asamblea la rechazó, por lo que el documento fue votado en los términos del dictamen.
