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SOCIEDAD CIVIL, ACADEMIA, ABOGACÍA Y COMUNIDAD ESTUDIANTIL DEBATIERON SOBRE LOS RETOS DE LA REFORMA JUDICIAL

No.431/2024

Ciudad de México, 18 de diciembre de 2024

SOCIEDAD CIVIL, ACADEMIA, ABOGACÍA Y COMUNIDAD ESTUDIANTIL DEBATIERON SOBRE LOS RETOS DE LA REFORMA JUDICIAL

En la 19ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) se realizó el conversatorio Reforma judicial: desde la mirada de la sociedad civil, la academia, la abogacía y la comunidad estudiantil, en donde analizaron los retos para las personas juzgadoras.

Laurence Pantin, presidenta de la organización Juicio Justo, aseguró que para la ciudadanía será más difícil defender sus derechos con la implementación de la reforma judicial.

Ante ese escenario visualizó tres aspectos que complicarán que la población acceda a la impartición de justicia: el primero es que se tendrán poderes judiciales menos eficientes y quizá paralizados por la curva de aprendizaje de las nuevas personas juzgadoras; el segundo es que existirá una restricción o limitaciones para acceder a un amparo; y el tercero es que con la creación del Tribunal de Disciplina Judicial se trastoca la independencia judicial, al contar con causales amplias para investigar a las y los juzgadores.

José de Jesús Orozco Henríquez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirmó que la reforma afecta a todas y cada una de las personas “porque viola nuestro derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial que proteja los derechos”.

Expresó su solidaridad a las personas juzgadoras por la violación a sus derechos humanos con el cese masivo, arbitrario y sin justa causa de sus puestos de trabajo, al no permitirles concluir con su encargo en la fecha prevista en su nombramiento.

El investigador agregó que este cese de personas juzgadoras socava la independencia judicial institucional y la autonomía orgánica, “se corre el riesgo de una posterior captura partidista vía electoral del propio Poder Judicial”.

María Solange Estrada, universitaria de la Escuela Libre de Derecho, descartó que la reforma esté diseñada para que los jóvenes participen dentro de la Judicatura y puedan ser electos por voto popular.

“La carrera judicial es una puerta para entrar a trabajar como practicantes, en servicio social y después formar parte de un equipo de un juzgado, un tribunal o La Corte, ahora se nos está obligando a convertirnos en políticos y a tener que llevar a cabo una campaña para entrar al Poder Judicial Federal o locales”, advirtió.

Nuhad Ponce Kuri, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), expresó que la reforma judicial debió empezar por la justicia local, con el involucramiento de las procuradurías, de los cuerpos policíacos, con una mayor capacitación del personal.

La 19ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia se realizó el pasado 29 de noviembre.

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